Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Amnistía Internacional exigió a las autoridades mexicanas una investigación completa e imparcial sobre el fallecimiento del activista Juan Francisco Kuykendall y “los demás abusos cometidos el 1 de diciembre de 2012 que permita garantizar que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia”.
El sábado 25 de enero falleció Juan Francisco Kuykendall, quien sufrió una grave herida a causa del impacto de un proyectil en la cabeza durante las manifestaciones que tuvieron lugar el 1 de diciembre de 2012 en el contexto de la toma de poder del Presidente Enrique Peña Nieto.
Francisco Kuykendall era originario de Tamaulipas, además de ser profesor, dramaturgo y director de teatro. Se encontraba en una situación de salud crítica desde el 1 de diciembre de 2012.
“El proyectil, al parecer fue disparado desde detrás del muro protector construido alrededor del Congreso donde la policía federal prevenía la entrada de manifestantes en el Congreso. Las autoridades no han esclarecido las circunstancias que rodearon la lesión craneal grave sufrida por Juan Francisco Kuykendall”, denunció el organismo por medio de un comunicado de prensa.
Asimismo indicó que el proyectil que impacto a Francisco forma parte de las armas “menos letales”, que incluyen balas de goma y gases lacrimógenas.
Por ello consideró que el uso de estas armas “no exime a las fuerzas de seguridad de su obligación de respetar los principios de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza y ni de rendir cuentas cuando el uso de estar armas haya supuesto un daño o riesgo a la salud o la integridad de una persona, especialmente cuando son utilizadas de forma inadecuada o en contextos en los cuales no es posible garantizar que los proyectiles no impactarán directamente a manifestantes”.
Amnistía dijo que es esencial que las autoridades den a conocer los detalles de ese tipo de armas, la capacitación recibida por los policías que utilizan estas armas, así como los protocolos sobre su uso.
“Es de igual importancia que las autoridades aseguran que las fuerzas policiales estén capacitadas debidamente y se rigen a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y el uso de las armas ‘menos letales'”, indicó el organismo internacional.
